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Un equipo altamente cualificado le dará el asesoramiento adecuado

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En ocasiones, cuando en los medios de comunicación se informa que tal empresario o  empresa ‘está en concurso de acreedores’, se nos pretende hacer ver que ese empresario/empresa se ha arruinado y se encuentra en ‘banca rota’ y que esto es sólo el principio del fin de la empresa, pero nada más lejos de la realidad…

Paradójicamente, una empresa puede tener problemas de liquidez aunque obtenga grandes ganancias o incluso un futuro prometedor. Por ello, el concurso de acreedores permite que esta empresa pueda continuar realizando su actividad paralizando los embargos y ejecuciones, deteniendo las deudas y sus intereses, anulando determinados desahucios, restableciendo contratos imprescindibles para el funcionamiento de la empresa (como el de alquiler). Con ello se evita la liquidación de la empresa garantizando que pueda continuar en su actividad.

El concurso de acreedores permite la configuración de un convenio que pueda regular cómo hacer frente a los pagos de las deudas, aplazándolos e incluso con importantes quitas. Se consigue establecer un procedimiento para que todos los acreedores cobren en  proporción a su deuda para un mismo nivel de prioridad.

En Prados Osuna Abogados contamos con una gran experiencia en la práctica jurídica en materia de insolvencias y concursos de acreedores

En este punto es necesario aclarar que, cuando una empresa está en una situación de insolvencia transitoria o irreversible (falta de liquidez para pagar a  acreedores, proveedores, bancos, trabajadores, etc.), debe solicitar el concurso de acreedores, es decir, no es una facultad por la que el empresario decide solicitarlo o no,  sino que está obligado legalmente a ello. De no hacerlo, podría ser considerado como culpable en el concurso de acreedores que finalmente se tramite, porque, con total seguridad, más adelante será el propio empresario quien finalmente lo instará o, en todo caso, uno de los acreedores.

Un concurso declarado culpable podría tener consecuencias negativas para el empresario, pues podría responder con su propio patrimonio de las deudas sociales. Por ello, debe presentarse la solicitud dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia.

Con el concurso de acreedores se llevará a cabo la presentación y negociación de un convenio que permita pagar a los acreedores, siendo su finalidad que la empresa continúe con su actividad.

El empresario deudor puede presentar una propuesta de pago a sus acreedores que contemple una reducción del importe de los créditos que debe (‘quita’), así como un calendario de pagos aplazados (‘espera’), incluso introduciendo carencia y excluyendo intereses. Es decir, esto será una especie de financiación gratuita de la deuda concursal durante el tiempo que dure la fase común del procedimiento (normalmente algo más de un año) más el tiempo de duración de la ‘espera’ que se haya pactado.

Todo ello garantiza que cuando la empresa obtenga recursos económicos puedan ser destinados a su actividad en lugar de pagar la deuda que se debía anterior a la declaración del concurso, que, como hemos explicado, se abonará en la cantidad y plazos fijados en el convenio.

Pero no siempre se consigue dar solución al concurso de acreedores en su forma natural, es decir, a través de la aprobación y cumplimiento de un convenio.

No obstante, todo hay que decirlo, si el convenio suscrito no es suficiente para la continuidad de la empresa, por ejemplo, porque no se obtenga liquidez para poder afrontar la continuidad de la actividad de la empresa o el pago de nuevas deudas, etc., el concurso de acreedores acabará en liquidación.

La liquidación de una empresa concursada busca realizar los bienes de su patrimonio. Estos bienes se venderán para invertir el dinero obtenido en el pago de créditos de acreedores. No obstante, la liquidación también puede llevar a la transmisión íntegra del negocio a una empresa viable.

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